El presidente Donald Trump firmó una ley que agregó requisitos laborales para algunos beneficiarios de Medicaid, lo que afectó a legisladores de al menos 14 estados que estaban elaborando sus propios planes. Georgia es el único estado con un requisito laboral para Medicaid, pero varios estados han estado intentando implementarlo sin éxito debido a obstáculos legales y a la administración Biden.
Algunos estados buscan modificar específicamente las nuevas normas para adaptarlas a cada estado, mientras que otros buscan implementar los requisitos laborales antes de que la ley federal entre en vigencia. Los requisitos laborales establecidos por la ley de Trump exigen que los adultos que puedan trabajar demuestren que lo están haciendo por un mínimo de horas en un trabajo o estudiando, o calificar para algunas exenciones limitadas.
Sin embargo, los estados que ya han avanzado en sus propuestas deben asegurarse de que cumplan con las nuevas normas federales. Algunos estados, como Dakota del Sur, han optado por no presentar solicitudes debido a la incertidumbre sobre si sus normas estatales menos estrictas serán permitidas bajo la nueva ley federal.
Arkansas y Arizona tienen propuestas más estrictas que la ley federal, mientras que Montana es el primer estado en redactar una solicitud de exención desde la aprobación de los requisitos laborales nacionales. El plan de Montana se alinea en gran medida con la ley federal, pero incluye exenciones adicionales para personas sin hogar o que huyen de la violencia doméstica.
Carolina del Sur también busca implementar requisitos laborales para nuevos beneficiarios de Medicaid, mientras que Georgia está buscando reducir su programa existente y espera la aprobación federal para hacerlo. En medio de esta incertidumbre, los estados están a la espera de la orientación del gobierno federal.
En resumen, los estados están trabajando para adaptar sus programas de Medicaid a los nuevos requisitos laborales federales, con algunos enfrentando desafíos para ajustarse a las normas establecidas por la ley de Trump. La incertidumbre y la necesidad de aprobación federal están generando complicaciones para los estados que buscan implementar estos cambios en sus programas de Medicaid.
